Por Fredy León

La desaforada pugna política desatada en las alturas ha quedado reducida a dos alternativas: o cae o continua, que es como decir o el suicidio físico o el suicidio moral.

Y ninguna de esas alternativas augura que la situación económica de la gente común y corriente va mejorar o que la corrupción va retroceder o que la política va dejar de ser el lodazal que es ahora o que la crisis política va desaparecer.

Todo lo contrario; si Castillo cae las hordas de Atila agazapadas en esa derecha bruta, achorada e ignorante (DBAI) no dejarán nada en pie, tienen sangre en los ojos y vuelven con sed de venganza; pero si Castillo continua su gobierno será un «pato rengo», una prenda decorativa incapaz de emprender una reforma por más insignificante que sea y, para satisfacción de los mismos de siempre, pondrá la economía en piloto automático bajo la atenta mirada del mandamás del Banco Central, Manuel Velarde, con la única intención de sobrevivir en un país que ya no está para la inacción.

O sea hasta ahí nada nuevo bajo el sol.

Y es que si el país se balancea al borde del abismo se debe a que en la sociedad existe una indiferencia total y un silencio espantoso. Esa es la verdadera tragedia que nos puede llevar a la autodestrucción, pues hace tiempo en la política se ha instalado un empate entre fuerzas minoritarias, débiles, menguadas, exhaustas y en descomposición que ven el poder únicamente como su salvación.

La pugna que vemos entre Castillo y la DBAI es esencialmente una pelea por definir quién controla el poder y quién decide cómo se distribuye el presupuesto de la nación. En apariencia es una pugna política, pero en esencia es una lucha por ambiciones personales y afanes de controlar la economía. Ni Castillo ni la DBAI representan al país.

Aquí en sus discursos, tanto del ejecutivo como del legislativo, no hay proyectos de país, no hay reformas políticas que fortalezcan la democracia, no hay medidas para combatir a los corruptos ni ideas o propuestas de cómo arreglar todo el entuerto heredado de la dictadura fujimontesinista. Es una pugna por «quitate tú que me pongo yo.»

El país sigue pagando las terribles consecuencias de no haber llevado hasta el final ese proceso de transición a la democracia iniciado por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Y moverse dentro de esa disyuntiva: cae o continúa, no solo crea falsas ilusiones sino que retroalimenta las causas reales de la crisis política y caos que vive el país: la constitución y el modelo económico impuesto por la dictadura fujimontesinista.

Ni la continuidad de Castillo o su vacancia o el cierre del congreso por sí solas van a solucionar la crisis política o regenerar la vida democrática.

Se necesita una salida integral, nueva, democrática, radical y que tenga todo el protagonismo en la fuerza organizada y movilizada del pueblo. Es decir, en la voluntad soberana del pueblo.

Para ello proponemos:

• Recortar en dos años el periodo del gobierno de Pedro Castillo
• Conformar un gabinete de unidad nacional para que dirija el país hasta la realización de nuevas elecciones
• Cerrar el congreso y que la Comisión Permanente asuma sus funciones como señala la actual constitución.
• Convocar a una Asamblea Constituyente para que en el lapso de un año elabore la nueva carta magna
• Realizar elecciones generales (presidente y congreso) en el 2023 bajo nuevas reglas de juego democráticas y con nuevos actores políticos debidamente registrados para participar en igualdad de condiciones en la vida política del país.

¿Difícil? Sí.

Para conseguir transitar por ese camino nuevo se necesita vertebrar una fuerza política organizada que levante las verdaderas banderas de la refundación de la patria y luche junto al pueblo por el futuro del país. Necesitamos forjar la más amplia unidad política y social para salvar la patria.

¿Imposible? No.

Si según algunos doctos juristas que defienden la vía de la Fiscal para vacar al presidente sostienen que la constitución «no es un texto muerto, sino tiene que interpretarse a la luz de la realidad», pues hay una realidad que está escapando de todo control y llevando al país hacia su autodestrucción, lo que debe obligar a esa clase política a tomar medidas radicales para impedir que la actual pugna por el poder desemboque en un conflicto de mayor envergadura.

Y es que, como dicta la experiencia, cuando se cierran las puertas de la legalidad se abren las otras.