Por Fredy León

El Presidente Castillo es responsable por no haber ejercido con autoridad política y moral el liderazgo que el pueblo le confió en las elecciones y el Congreso es culpable por haber llevado al país a un callejón sin salida, por agudizar la pugna de poderes desconociendo la voluntad popular y sin plantear una ruta democrática.

El caos politico al que de manera acelerada están conduciendo al país es el peor de los caminos imaginados para autodestruir nuestra precaria democracia. Y de ese proceso de deterioro del sistema político nada bueno puedo surgir, ahí se va imponer la ley de la selva. La política se ha canibalizado y la intolerancia a todo nivel se está imponiendo; ya no se debate, se insulta, ya no se busca convencer al oponente, sino destruir al enemigo.

Y en ese sentido la propuesta para recortar el mandato presidencial y de los congresistas que permita convocar a nuevas elecciones en el 2023 genera más confusion que certeza. Con esa propuesta lo máximo que se busca es allanar el camino para solucionar la superficialidad de la crisis de gobernabilidad pero dejando intacto las causas reales que llevaron al país a esta situación de crisis total, que no es de hoy sino viene desde el 2000.

Unas nuevas elecciones bajo las mismas reglas y sin un debate serio sobre los defectos y limitaciones del actual sistema político lo único que va llevar es a reproducir esta crisis. Pueden cambiar los actores pero si no cambia el guión la obra seguirá igual de pésima.

Y si a esto le sumamos el reciente pucherazo electoral aprobado por el Congreso para reabrir las rendijas legales que faciliten la participación de Acción Popular en las elecciones municipales y regionales, el panorama se vuelve más sombrío pues esta descabellada decisión vicia desde sus orígenes el próximo proceso electoral. Con ese caballazo aprobado por un Congreso que vive sus horas más lúgubres, lo único que van a conseguir es debilitar mucho más la confianza popular en nuestro desprestigiado congreso.

La crisis es profunda y no existe el mínimo indicio de que pueda encontrarse una salida democrática bajo los actuales parámetros constitucionales. La actual Constitución no prevee nada para situaciones anómalas y en este caso ha demostrado no solo ser un instrumento totalmente ineficaz para encontrar una salida consensuada a la crisis, sino que se ha convertido en fuente principal que alimenta esta crisis agónica que vive el país.

La Constitución del 93 para lo único que ha servido ha sido para blindar un modelo económico y otorgar libertad absoluta a los dueños del capital debilitando todo el sistema politico y restringiendo al mínimo las posibilidades que desde la política se pueda regular el funcionamiento de la economía.

La crisis que vive el país no es únicamente una crisis política, no es una pelea a cara de perro entre Castillo y Keiko que se solucionará con la renuncia de uno y la cárcel para la otra; es sobre todo una crisis económica, es la disputa por los recursos naturales y apropiarse del excedente económico. Y lo que está sucediendo en el país, agudizado por la terrible pandemia que afectó al mundo, es el creciente descontento de la población frente a un modelo económico que beneficia a unos pocos y no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas y limita terriblemente las aspiraciones del pueblo a mejores condiciones de vida.

La crisis hay que verlo en ese sistema económico refrendado por la Constitución del 93 y ante la cual el regimen politico carece de instrumentos reales para modificar esas injustas relaciones económicas.

Lenin definió la política como «la expresión concentrada de la economía», y como bien señala la economista argentina, Fernanda Vallejos, «La economía es una disputa del poder (real). Cada decision de política (o falta de) define quién se apropia del excedente y cómo se distribuye el poder. Si los salarios pierden, la disputa se está resolviendo en contra de los trabajadores (y a favor de los propietarios del capital). Nadie con responsabilidad de política económica está al margen de las (verdaderas) disputas de poder. Por acción u omisión. Cuando la distribución del poder es desigual (los empresarios tienen más poder que los trabajadores) dejar hacer equivale a jugar para el más fuerte.»

En ese sentido una solución real, verdadera y que apueste por colocar la satisfacción de las necesidades del pueblo como objetivo central del nuevo modelo económico pasa necesaria y obligatoriamente por el cambio de la Constitución, por hacer realidad la convocatoria al referémdun donde el pueblo exprese de manera clara y nítida su voluntad popular.

Parafraseando al Amauta José Carlos Mariátegui podemos decir «no se puede democratizar la economía si antes no democratizamos la política.»

Y para ello necesitamos construir una nueva mayoría política y social que convoque a lo mejor de las fuezas del trabajo y la inteligencia que existen en el país, para que en las calles y con los votos luchar para garantizar que el Congreso convoque al referémdun y ahí obtener el mandato legítimo del pueblo peruano que permita hacer realidad la histórica tarea de refundar el país.