Crisis en el caos

Por Fredy León

Hay una crisis del régimen político-institucional nacido del golpe del 93 que ha llevado al país a un estado de ingobernabilidad total, enfrentamiento entre poderes y debilitamiento de las instituciones del estado, una crisis que cada vez resulta difícil encontrar una solución en el marco de la actual constitución.

Esta crisis tuvo sus orígenes en el 2000 cuando el Tribunal Constitucional, controlado por el fujimontesinismo, vía esa famosa «interpretación verdadera» avaló la ilegal re-reelección de Fujimori. Con esa controvertida decisión la constitución fujimontesinista, aprobada en un discutible referéndum, perdió toda legitimidad y se convirtió en fuente permanente de controversia. A los 6 meses de su tercer gobierno aparecieron los famosos «vladivideos» y estalló la crisis política. Fujimori se vió obligado a renunciar a la presidencia, huir al Japón y hoy -junto a Montesinos- están en prisión los dos arquitectos del régimen del 93.

La caída del régimen fujimontesinista posibilitó el surgimiento de una nueva voluntad política que se decantó por el camino de las reformas constitucionales para desmontar el corrupto andamiaje político montado por la mafia que había capturado el estado. Las reformas introducidas al texto constitucional, durante el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua, fueron posibles porque en el país surgió una nueva correlación de fuerzas.

Toledo desnaturalizó totalmente esa vía de las reformas constitucionales, el gobierno de Alan fracasó en su torpe intento de promover la restauración del modelo fujimontesinista y facilitó el camino para el triunfo de Ollanta, quien ganó las elecciones levantando la propuesta «del gran cambio». Ollanta asumió su gobierno jurando por la constitución del 79.

El agónico triunfo de PPK agudizó la crisis de ingobernabilidad debido a las inconsecuencias de esa derecha no fujimorista que prefirió defender el régimen económico, abandonar la lucha por las reformas políticas y ser pusilánimes frente a la corrupción institucionalizada, del cual PPK resultó ser beneficiario. Las agrias disputas de las derechas en las alturas generó un vacío de poder que facilitó el camino para que un outsider de izquierda ganara las elecciones.

Castillo ganó las elecciones con un discurso simple y sin mayores precisiones pero donde resaltaban dos ideas centrales: nueva constitución y críticas al modelo económico. El pueblo no votó por un cheque en blanco, votó por alguien que se comprometió a cambiar la forma de gobiernar y convocar a una Asamblea Constituyente.

La derecha entró en pánico no tanto por lo que significaba el triunfo electoral de Castillo sino porque la tercera derrota consecutiva de Keiko cerraba un largo ciclo en esa derecha hegemonizada por el fujimontesinismo y aparecieron nuevos actores políticos que empezaron a disputar a Keiko el liderazgo de ese espectro de la política peruana.

Castillo juramentó en el congreso por una nueva constitución, con ese gesto el nuevo presidente marcaba la cancha y ponía -así como Ollanta hizo en su momento- el tema de la constitución como parte del debate y  búsqueda de alternativas para solucionar la crisis política en un país fragmentado, sin claras mayorías políticas y sin vocación para buscar consensos.

La ultraderecha se atrincheró en el congreso y retomó el tortuoso camino de las reformas expres de la constitución para salvaguardar lo poco que quedaba del modelo neoliberal y buscar la vacancia del presidente. Las reformas aprobadas por el congreso han roto el precario equilibrio de poderes, transformado el congreso en un suprapoder y convertido el texto constitucional en una retahíla inconherente sujeta a la interpretación arbitraria de los que ostentan el poder. Al final con todas esas modificaciones introducidas a la constitución del 93 por la ultraderecha ha quedado establecido que la vía Fujimori, o sea el golpe de estado, es el único camino que existe para cambiar la constitución.

En medio de ese clima polarizado y de disputas por el control del país, los errores, incoherencias y capitulaciones del presidente Castillo han puesto a su gobierno al borde del abismo. Castillo está a medio paso de fracasar y caer. Salvar su gobierno significa sobre todo salvar la propuesta política de impulsar profundas transformaciones en la economía, la política y la sociedad.

El gobierno de Castillo tiene sentido solo sí sirve al cambio y se mantiene consecuente con su discurso electoral. Alejarse de ese mensaje es traicionar la voluntad popular manifestada en las urnas. Castillo tiene que rectificar, transparentar su conducta, abandonar el secretismo y abrir su gobierno hacia el pueblo.

El gran error de Castillo fue no haber dado expresión política a esos sectores que votaron por él e hicieron posible derrotar a Keiko. Castillo se equivocó al querer ponerse por encima del movimiento polítuco y no haber impulsado la construcción de ese bloque nacional, democrático y popular llamada a ser la nueva fuerza social dirigente del proceso de cambios.

Por esa razón creo que la mejor alternativa para superar el caos actual y lograr encaminar el gobierno pasa por la suscripción de un acuerdo político de cara ante la sociedad entre Castillo, Perú Libre, Nuevo Perú, Frente Amplio, Juntos por el Perú  PC, PR, CGTP, CITE, CNA, CCP, SUTEP, etc. que tenga como objetivo garantizar la gobernabilidad del país e impulsar los cambios por los que votó el pueblo.

Ya no se trata de parchar el gabinete o defender pequeños espacios de poder o salvar a Castillo de un nuevo intento de vscancia, sino se trata de empezar a construir una nueva mayoría política y social para hacer viable el programa de cambios por el cual fue elegido Castillo.

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"Nada de lo que es humano me es ajeno." Federico Engels
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