Por Fredy León

Un país progresa o bien por la lucidez de sus élites o por acción de las masas que se rebelan contra el orden vigente cuando sus condiciones de existencia se vuelven insoportables. Cuando las visiones de las élites coinciden con los intereses de las masas en estado de rebelión se produce una revolución, ese momento tan especial en la historia en el cual la lucha por el poder aparece como objetivo inmediato y donde desplazar a las clases dominantes del control del estado se convierte en tarea impostergable para transformar las viejas estructuras políticas. Y del inicial caos político, que fatalmente conlleva todo proceso de cambio social, surgirá una nueva forma de organización de la economía: los expropiadores son expropiados.

El Perú de Vizcarra está lejos de ingresar en ese momento histórico; lo que estamos viendo es algo más simple, una pugna política en las alturas, una disputa entre los defensores acérrimos del modelo neoliberal mafioso impuesto por el fujimontesinismo y el renacimiento de una derecha liberal -el famoso centro medio que encadila a los dioses en sus apacibles ocasos- que busca modificar algunas de las herencias políticas más desastrozas impuestas en los tormentosos tiempos donde reinaba el fujimontesinismo, que si sobrevivieron fue gracias al inmovilismo en que se sumergió la sociedad luego de la huída de Fujimori al Japón.

Las medidas propuestas por Vizcarra son una continuación, a ritmo lento y sin un horizonte definido, de ese interrumpido proceso de transición a la democracia iniciado por Valentín Paniagua, pero con una pequeña diferencia que marca el momento político que vive el país: las principales batallas políticas se están librando en los tribunales de justicia que peligrosamente aparecen como si fueran una segunda cámara deliberativa; el congreso ha quedado fuera de juego y entrampado en sus cuitas internas y en las calles el silencio indiferente de las masas es desolador. ¿Dónde están los que protestan?

En esas circunstancias concretas ¿qué hacer? ¿Oponerse a los cambios? ¿Convertirse en vizcarrista? ¿Apoyar las medidas levantando un proyecto propio? ¿O quedarse contemplando hasta que las aguas se clarifiquen?

Los aprofujimontesinistas lo tienen claro: Vizcarra se ha convertido en su principal enemigo. De ser una oposición destructiva han pasado a ser una oposición rabiosa que tiene sangre en los ojos, y si fuera cierto lo que sus voceros anuncian, estarían a medio paso de irse al monte. Si no lo hacen, es porque simplemente no tienen convicción y carecen de todo valor. Alan representa mejor que nadie esa cobardía política.

Los aprofujimontesinistas viven momentos de derrotas y grandes confusiones; su efímera mayoría política conquistada en el congreso se ha esfumado, sus votantes les han abandonado y sus máximos líderes, Keiko y Alan, (87 y 93% de rechazo. Ipsos) se dirigen a paso presuroso rumbo al museo de antiguedades. El futuro de esa alianza mafiosa huele a cadáver insepulto.

Vizcarra se está mostrando como un eficiente operador político que de la nada ha construido un importante poder personal. El presidente tiene la iniciativa política y define la agenda del país, goza de una alta popularidad, y no precisamente por el manejo de la economía, sino porque en menos de 6 meses ha desarticulado el poder mafioso que el aprofujimontesinismo tenía en el congreso.

Con el referémdun Vizcarra ha logrado un importante triunfo político arrinconando a la mafia que ha quedado como el rey desnudo; ahora con el anuncio de la formación de una «comisión de notables»(Tuesta, Tanaka, Campos, Muñoz y Bensa) que elaboraran las propuestas para -¿vía otro referémdun?- definir el contenido de las anunciadas reformas políticas de segunda generación, ha decretado, en la práctica, la muerte política del congreso.

Que el congreso haya quedado al margen de la discusión sobre las reformas políticas y su lugar lo ocupe una comisión de notables, digitada por el presidente, expresa la nueva correlación de fuerzas que se ha impuesto en el país. Podemos estar de acuerdo o no con esa decisión o con los integrantes de esa comisión, pero lo que no podemos hacer es desconocer ese dato de la realidad: el congreso, en lo que queda del mandato presidencial, será un elefante blanco.

En esas circunstancias, el debate sobre el contenido político de las reformas puede dinamizar a esa parte de la sociedad que no se sentía representada en el congreso y que lucha por el cambio integral del modelo neoliberal. No olvidemos que la primera batalla que ganaron las revoluciones triunfantes fueron la batalla de las ideas.

Tres temas deberían ser los ejes centrales de ese debate sobre las reformas políticas: el tipo de estado; nueva constitución y nuevo modelo de desarrollo económico.

Son tres aspectos que están íntimamente vinculados y que, si realmente se desea terminar con la nefasta herencia mafiosa del regimen fujimontesinista, deberían ser abordados en su globalidad.

Ese estado neoliberal, que a decir de Martín Tamaka «…aparecía como un campo de desarrollo potencial de intereses burocráticos, que interactuaban con políticos y grupos de presión, que representaban intereses electorales y particularistas, respectivamente; (y donde) los ciudadanos comunes quedaban sin capacidad de expresarse de manera organizada» (El regreso del Estado y los desafíos de la democracia. Tanaka 2005) surgido de la constitución del 93 ha fracasado: el infalible dios mercado, elevado al altar de lo intocable por esa constitución fallida, no cumplió con el objetivo de cohesionar a la nación peruana.

Hoy tenemos no solo un estado más debil («…el estado se ha encogido y, de su debilidad, se recupera muy lentamente, a una velocidad que no es acorde con las presiones y conflictos sociales de un crecimiento sin igualdad de oportunidades, con desigualdad de ingresos y pobreza, generados por el propio ajuste estructural.» Gonzales de Olarte 2006) sino también una nación fragmentada y con una serie de conflictos irresueltos: el fundamental, la situación de pobreza y marginación que socava las bases mismas de la convivencia en una «sociedad cuya mitad está por debajo de la línea de pobreza.» (Gonzales de Olarte 2006)

El estado neoliberal ha devenido en un estado ineficiente, corrupto, («la corrupción no es tanto consecuencia de una crisis de valores, sino del colapso del Estado ocurrido en las últimas décadas.» Tanaka, idem) sometido a intereses económicos de pequeños grupos de poder que no garantiza los derechos mínimos -salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad- para las grandes mayorías.

El dilema que la historia le plantea a Vizcarra es reformar o transformar ese estado neoliberal. Reformar es intentar prolongar la agonía del cadaver, es creer ingenuamente que manteniendo intacto las bases económicas del libre mercado y retocando la constitución del 93, el estado neoliberal puede asumir los razgos de un estado regulador que, desde una eficiencia en el funcionamiento de sus instituciones, se convierta en el famoso contrapeso político que corrija las supuestas imperfecciones del mercado.

La crisis de ese estado neoliberal es integral y ha llevado a la sociedad a un punto muerto; la corrupción, la crisis de representación y las grandes desigualdades que el modelo económico ha profundizado durante la llamada «media década perdida» han creado las condiciones para saldar cuentas con el pensamiento único y buscar nuevos horizontes que nos permita transitar hacia un estado redistributivo que tenga como finalidad disminuir las grandes injusticias y desigualdades sociales, garantizar el desarrollo sostenido de la economía, darle nuevo sentido al concepto de democracia («no habrá democracia “verdadera” mientras haya altos niveles de pobreza, de exclusión social, no haya una mejor distribución de la riqueza, es decir, mientras no haya cambios sustantivos.» Tanaka idem) estimulando la creación de ciudadanos productores («la conquista de la ciudadanía social» Tanaka, idem) que contribuyan de manera activa al proceso de creación de la riqueza nacional y donde la promoción del bien común sea el principio fundamental del nuevo estado.

Reformar el estado neoliberal es visto por los centristas como un fin en si mismo. Eso significa mantener intacto el marco jurídico que regula toda la actividad del estado y abocarse únicamente a perfeccionar el «aparato del estado» reduciendo los temas de debate a aspectos colaterales como son la ley de partidos políticos, modificación de la ley electoral, eliminación del voto preferencial, regulación de la inmunidad parlamentaria y hacer más eficiente el funcionamiento del congreso, etc.; es decir, medidas que a lo mucho apuntan a reformar los aparatos del estado neoliberal eludiendo abordar el tema central de la constitución y dejando intacto el punto más importante del funcionamiento de todo estado «la sociedad económica.»

El debate sobre las reformas políticas que se anuncian tiene sentido si se convierte en un medio para promover el bienestar común y garantizar los derechos políticos y económicos de todos los ciudadanos y no solo los privilegios de las élites. Por esa razón, las fuerzas de izquierdas deberían tomar la iniciativa y convertirlo en un gran debate nacional. Hay que sacar las ideas de las cuatro paredes y llevarlo a las calles y plazas para que con la fuerza del pueblo definir cómo deben ser los cambios a impulsar en «la sociedad civil, la sociedad política, el Estado de Derecho, el aparato del Estado y la sociedad económica» con el objetivo supremo de avanzar en la construcción de un país más justo, solidario, democrático y con bienestar para todos.